La gran discusión sobre la inteligencia artificial suele plantearse como una pregunta binaria: ¿destruirá empleos o creará otros nuevos? Pero el debate más incómodo puede estar en otro lugar. Incluso si millones de personas conservan su puesto, la posibilidad de que una máquina haga parte de su trabajo podría reducir su capacidad para negociar un mejor salario.
Esta advertencia no proviene de un sindicato ni de un activista contrario a la tecnología. Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), señaló recientemente que la capacidad de la inteligencia artificial para sustituir determinadas tareas puede debilitar el poder de negociación de los trabajadores, moderar el crecimiento salarial y reducir la participación del trabajo en la renta.
La afirmación obliga a mirar la revolución de la IA desde un ángulo menos cómodo. La tecnología puede hacer que una empresa produzca más con menos tiempo, pero eso no garantiza que el aumento de productividad se reparta entre accionistas, consumidores y empleados. La pregunta política y económica es quién capturará ese beneficio.
El riesgo no es solo perder el empleo
Una herramienta no necesita reemplazar por completo a una persona para cambiar una relación laboral. Basta con que el empleador crea que ciertas tareas pueden automatizarse, externalizarse o realizarse con menos trabajadores. Esa expectativa modifica la negociación antes de que ocurra un solo despido.
Un redactor que compite con sistemas generativos, un analista que ve automatizados sus informes o un empleado administrativo cuyo trabajo puede dividirse en procesos digitales afrontan una presión distinta. Pueden seguir siendo necesarios, pero con menor margen para exigir aumentos, horarios más flexibles o mejores condiciones.
La IA actúa así como una amenaza implícita: no siempre elimina el puesto, pero reduce la escasez percibida del trabajador. Y cuando una empresa considera que una función es fácilmente sustituible, el salario tiende a perder fuerza frente al capital.
Más productividad no significa automáticamente mejores salarios
Los defensores de la automatización tienen un argumento sólido. Las grandes innovaciones tecnológicas elevaron históricamente la productividad, abarataron bienes y crearon actividades que antes no existían. La inteligencia artificial también podría acelerar la investigación, mejorar los servicios públicos, reducir errores y liberar tiempo para tareas de mayor valor.
Sin embargo, la historia no dice que los beneficios se distribuyan de forma automática. Entre una mejora tecnológica y una mejora general del bienestar existe una cadena de decisiones: quién posee la tecnología, qué empresas pueden utilizarla, cómo se reparte la ganancia y qué instituciones protegen a quienes atraviesan la transición.
Si una compañía duplica la producción gracias a la IA, hay varias posibilidades. Puede subir salarios, reducir la jornada, contratar más personal, bajar precios, aumentar dividendos o concentrar el ahorro en sus propietarios. La tecnología no decide entre esas opciones; lo hacen las reglas, la competencia y las relaciones de poder.
La automatización llega ahora a los empleos de oficina
La novedad no es que las máquinas sustituyan esfuerzo humano. Eso ocurre desde la Revolución Industrial. Lo diferente es que la IA generativa entra en actividades asociadas con educación superior: redactar documentos, resumir expedientes, producir código, analizar datos, traducir, diseñar materiales y atender consultas.
Por eso, el impacto ya no se limita a las fábricas. Abogados jóvenes, programadores, contables, traductores, periodistas, docentes y funcionarios pueden ver transformadas partes de su trabajo. En muchos casos la IA será un complemento, pero en otros reducirá la cantidad de horas o personas necesarias para obtener el mismo resultado.
El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la IA ofrece ganancias de productividad, pero también puede ampliar las desigualdades. Los trabajadores con habilidades complementarias a la tecnología podrían recibir una prima salarial, mientras quienes realizan tareas fácilmente automatizables quedarían bajo mayor presión. El problema no será únicamente entre empleados y desempleados, sino entre quienes controlan la herramienta y quienes deben adaptarse a ella.
Europa enfrenta una contradicción difícil
Europa necesita adoptar inteligencia artificial para no perder competitividad frente a Estados Unidos y China. Pero también pretende preservar un modelo social basado en salarios relativamente altos, protección laboral y negociación colectiva. Avanzar demasiado lento puede debilitar su economía; avanzar sin reglas puede debilitar su cohesión social.
El propio BCE sostiene que la IA podría elevar el crecimiento potencial europeo, siempre que existan infraestructura digital, energía, financiación, formación y capacidad empresarial. El desafío consiste en impulsar la innovación sin convertir cada mejora de eficiencia en una carrera por reducir plantillas.
Esta tensión también importa para América Latina. Las empresas de la región pueden adoptar sistemas creados en el exterior sin desarrollar tecnología propia, lo que aumentaría la dependencia y concentraría las rentas en pocas plataformas globales. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos podrían aprovechar la IA para modernizar servicios públicos, logística, salud, educación y pequeñas empresas. La diferencia dependerá de la formación, la conectividad y la calidad institucional.
¿Quiénes pueden ganar y quiénes pueden perder?
Los mayores beneficiarios iniciales serán probablemente las empresas que poseen datos, capacidad de cómputo y propiedad intelectual, junto con los profesionales capaces de dirigir, auditar o complementar sistemas de IA. También pueden ganar los consumidores si la productividad se traduce en mejores productos y precios más bajos.
Entre los más expuestos están los trabajadores de tareas repetitivas, estandarizables o fáciles de supervisar digitalmente. Pero incluso profesionales cualificados podrían perder autonomía si los algoritmos fijan objetivos, evalúan rendimiento o fragmentan su actividad en tareas simples.
Existe además un riesgo de concentración empresarial. Si solo unas pocas compañías pueden pagar los modelos, los centros de datos y la energía necesarios, la IA podría reforzar posiciones dominantes. Una economía con menos competencia no suele trasladar toda la productividad a salarios o precios.
Ni tecnofobia ni ingenuidad
Sería un error concluir que la IA debe frenarse. Bloquearla podría reducir el crecimiento, impedir avances científicos y dejar rezagadas a economías enteras. Pero también sería ingenuo asumir que el mercado distribuirá por sí solo todas sus ventajas.
Una respuesta razonable combina innovación y protección: formación continua vinculada a empleos reales, transparencia cuando los algoritmos evalúan trabajadores, participación de los empleados en la implantación tecnológica, políticas de competencia y sistemas de protección social capaces de acompañar transiciones laborales.
También conviene discutir cómo compartir la productividad. Reducciones graduales de jornada, incentivos a la capacitación y esquemas de participación en beneficios pueden convertir la IA en una herramienta de progreso colectivo. Si el único indicador de éxito es cuántos costes laborales se eliminan, la reacción social contra la tecnología será inevitable.
La verdadera disputa
La inteligencia artificial no tiene una ideología ni una política salarial. Su efecto dependerá de quién la controle y bajo qué reglas se utilice. Puede complementar a los trabajadores y elevar sus ingresos, o puede convertirse en una palanca para exigir más producción con menos poder de negociación.
La controversia, por tanto, no consiste en elegir entre tecnología y empleo. Consiste en decidir si las ganancias de productividad financiarán mejores salarios, jornadas más humanas y servicios más eficientes, o si se concentrarán en una pequeña parte de la economía.
La advertencia del BCE merece atención porque desplaza el debate desde el futuro lejano hacia una realidad inmediata: antes de que la IA quite un empleo, puede cambiar el precio del trabajo. Y esa transformación ya ha comenzado.
Fuentes consultadas
- Reuters: la IA puede limitar el poder de negociación de los trabajadores, según Philip Lane.
- Banco Central Europeo: The AI opportunity for Europe.
- Fondo Monetario Internacional: inteligencia artificial, productividad y desigualdad.
Sobre el autor
Hugo Gabriel Amarillo Cordero es especialista en gestión pública, políticas públicas y análisis económico. Es máster en Administración y Gestión Pública por la Universidad de Cádiz y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector público y se desempeña como docente, expositor y creador de contenido especializado. Actualmente reside en España, desde donde publica análisis sobre economía y relaciones internacionales.
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