El negocio ilegal más rentable del Perú podría ya no ser la cocaína, sino el oro. El aumento del precio internacional del metal, la facilidad para mezclar producción ilícita con cadenas formales y la debilidad de los controles han creado una economía criminal capaz de penetrar territorios, instituciones y mercados de exportación. El problema ya no se limita a campamentos clandestinos en la Amazonía: alcanza plantas procesadoras, comercializadoras, rutas logísticas, entidades financieras y compradores internacionales.
Un reportaje publicado por The Guardian el 29 de septiembre de 2026 sostiene que la minería ilegal de oro habría superado al narcotráfico como la actividad ilícita más lucrativa del país. La estimación citada llega hasta los 18.000 millones de dólares anuales, aunque no se trata de una cifra oficial consolidada y debe interpretarse como una aproximación al tamaño de un mercado deliberadamente oculto.
Por qué el oro se volvió tan atractivo para el crimen
La primera explicación está en el precio. Cuando el oro se encarece, una cantidad relativamente pequeña concentra un valor enorme. Esto reduce los costes de transporte y facilita ocultar, fundir o movilizar el producto. A diferencia de una droga, además, el oro es una mercancía legal y demandada en todo el mundo. El desafío consiste en demostrar dónde y cómo fue extraído.
Esa característica permite que el metal pase con rapidez de una actividad ilegal a una cadena aparentemente formal. Una vez fundido o mezclado con oro de procedencia lícita, resulta muy difícil reconstruir su origen sin registros fiables, controles coordinados y debida diligencia por parte de compradores y exportadores.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte que el oro se ha convertido en un medio especialmente atractivo para almacenar y transferir valor ilícito. Los precios elevados agravan el riesgo porque aumentan las ganancias disponibles para financiar corrupción, violencia y expansión territorial.
Informalidad e ilegalidad no son lo mismo
Para diseñar una respuesta eficaz es indispensable diferenciar al pequeño minero que intenta regularizar su actividad de las redes que utilizan la informalidad como cobertura. No toda minería artesanal forma parte del crimen organizado. Muchas familias dependen de ella y enfrentan barreras técnicas, administrativas y financieras para formalizarse.
El problema aparece cuando los mecanismos creados para acompañar la formalización se prolongan indefinidamente o permiten operar sin demostrar avances reales. El Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo, nació como una vía transitoria. Sin embargo, sus sucesivas ampliaciones y la limitada capacidad de fiscalización han generado espacios que pueden ser aprovechados para transportar o comercializar mineral de origen cuestionable.
El propio Estado ha reconocido esa vulnerabilidad. En medidas adoptadas contra la minería ilegal en Pataz se dispuso la revocación de inscripciones cuando la producción declarada no coincidiera con los bienes transportados. La decisión reveló que el registro no puede funcionar únicamente como una constancia administrativa: debe estar conectado con información sobre producción, plantas, transporte, insumos y ventas.
El verdadero negocio está en la cadena
Una intervención centrada solo en destruir dragas o detener trabajadores de campo ataca el eslabón más visible, pero no necesariamente el más poderoso. La minería ilegal necesita combustible, maquinaria, mercurio u otros insumos, protección armada, transporte, financiamiento, plantas de procesamiento y compradores. También requiere documentos que permitan introducir el oro en circuitos comerciales.
Por ello, la pregunta decisiva no es únicamente quién extrae el metal, sino quién lo financia, quién lo procesa, quién lo compra y quién certifica su origen. Mientras esos actores permanezcan fuera del alcance de las investigaciones, las operaciones pueden reconstruirse después de cada intervención.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito viene señalando que los delitos asociados a la minería ilegal tienen una dimensión transnacional en la Amazonía. Las rutas atraviesan fronteras y pueden conectarse con contrabando, lavado de activos, trata de personas y otras economías ilícitas. Ningún país puede controlar por sí solo una cadena que se adapta a las diferencias regulatorias de sus vecinos.
El costo que no aparece en el precio del metal
Las ganancias privadas contrastan con pérdidas que asume toda la sociedad. La deforestación transforma ríos y bosques en zonas degradadas; el uso de mercurio contamina ecosistemas y amenaza la salud de comunidades locales e indígenas; la expansión de economías ilegales deteriora la seguridad y reduce la presencia efectiva del Estado.
También existe un costo fiscal. El oro que escapa a la tributación disminuye los ingresos públicos, mientras el Estado debe financiar operativos, recuperación ambiental, atención sanitaria e infraestructura de seguridad. A ello se suma un riesgo reputacional para la minería formal y para las exportaciones peruanas si los mercados internacionales elevan sus exigencias de trazabilidad.
En 2026, el Congreso peruano avanzó en un marco para reducir progresivamente el uso de mercurio en la minería artesanal y fortalecer su trazabilidad. Es una señal importante, pero la regulación solo será eficaz si cuenta con capacidad operativa, sistemas de información interoperables y fiscalización en territorio.
Cinco cambios que necesita la política pública
- Trazabilidad desde el origen hasta la exportación. Cada lote debería poder vincularse con una operación autorizada, su volumen de producción, la planta que lo procesó, el transportista y el comprador. Los datos de minería, aduanas, tributación y sistema financiero deben cruzarse de forma automática.
- Una formalización con plazos y resultados verificables. El acompañamiento al pequeño minero debe ser real, pero la permanencia en el proceso no puede convertirse en autorización indefinida. Quien no demuestre avances o declare volúmenes incompatibles con su capacidad debe salir del registro.
- Control inteligente de insumos y maquinaria. Combustible, mercurio, explosivos, equipos pesados y plantas de beneficio dejan rastros comerciales. Seguir esos flujos puede ser más efectivo que perseguir únicamente el producto final.
- Investigación financiera y patrimonial. La respuesta debe dirigirse hacia financiadores, comercializadores y beneficiarios finales. Congelar activos y desmontar estructuras de lavado puede afectar la rentabilidad del negocio más que una operación aislada.
- Protección territorial y alternativas económicas. Las comunidades que defienden sus territorios necesitan seguridad, servicios públicos y opciones productivas. Sin presencia estatal permanente, los espacios recuperados pueden ser ocupados nuevamente.
Una oportunidad para proteger al sector formal
Combatir el oro ilegal no significa oponerse a la minería. Al contrario, una cadena transparente protege a las empresas que cumplen las reglas, mejora la confianza de los compradores y evita que la producción legal compita con operadores que externalizan sus costes ambientales y sociales.
Los mercados internacionales avanzan hacia mayores exigencias de debida diligencia. El Perú puede esperar a que sus compradores impongan controles desde fuera o construir un sistema propio que convierta la trazabilidad en una ventaja competitiva. La segunda opción fortalecería tanto la recaudación como la reputación del país.
El problema no se resuelve con un solo operativo
La minería ilegal prospera porque conecta una demanda global legítima con instituciones locales débiles. Mientras el precio del oro continúe ofreciendo márgenes extraordinarios, las redes criminales tendrán incentivos para reconstruirse, corromper controles y buscar nuevas rutas.
La respuesta necesita continuidad, inteligencia financiera y coordinación entre entidades. No basta con intervenir el lugar donde se extrae el oro: hay que seguir el dinero y cerrar las puertas que permiten convertir un metal de origen ilegal en una exportación aparentemente regular.
El Perú todavía puede evitar que esta economía paralela capture más territorios y debilite al Estado. Para lograrlo, la formalización debe recuperar su propósito original, la trazabilidad debe dejar de ser una promesa y la persecución penal debe alcanzar a quienes concentran las ganancias.
Fuentes consultadas
- The Guardian: investigación sobre el crecimiento de la minería ilegal de oro en Perú.
- OCDE: flujos ilícitos de concentrados de oro y riesgos para las cadenas de suministro.
- UNODC: crimen relacionado con minerales y minería ilegal de oro.
- Ministerio de Energía y Minas: medidas de control y formalización en Pataz.
- Congreso de la República: propuesta para reducir el uso de mercurio y fortalecer su trazabilidad.
Sobre el autor
Hugo Gabriel Amarillo Cordero es especialista en gestión pública, políticas públicas y análisis económico. Es máster en Administración y Gestión Pública por la Universidad de Cádiz y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector público y se desempeña como docente, expositor y creador de contenido especializado. Actualmente reside en España, desde donde publica análisis sobre economía y relaciones internacionales.
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